A la
atención personal de D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.
Exponiendo
mis datos personales he cursado, por mediación de la Delegación del Gobierno
en Murcia, el 18 de Noviembre de 2013, un escrito con el siguiente texto:
Que le ha causado estupor y sorpresa la decisión del
Tribunal de Estrasburgo a favor de varios asesinos españoles, así como la
inusitada rapidez de la Audiencia Nacional para cumplirla y conceder la
libertad a la etarra Inés del Río con sus 24 asesinatos, siendo
posible llegue
hasta ocupar un cargo público. Si no existe ya, creo debe establecerse que los
antecedentes penales no prescriban nunca y que quien los tenga no pueda acceder
a un cargo público, de la clase que sea, ya que podría llegar hasta estar
aforado....
La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el
Constitucional españoles aprobaron lo que ahora, por un tecnicismo, ese
tribunal considera nulo, por lo cual debo preguntar de qué clase es, y si ha actuado con justicia
(con sentido común, NO), al admitir la petición de los que han vulnerado
repetidas veces su Artículo 3º que dice: Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona.
El Gobierno
español, al aceptar su decisión, invalida
automáticamente lo aprobado por los Tribunales de España, por lo cual
opino debe salir del acuerdo que le ate a dicho tribunal y decirle, al igual
que ya hicieron Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra antes, que este País ya tiene sus
leyes.
Falta saber el
tiempo que se tomará aquí para actualizar leyes y Código Penal, subsanar esa
laguna legal e incorporar algunas cosas tales como cadena perpetua y trabajos
en obras de interés nacional alojando a los reclusos en pueblos abandonados
bajo vigilancia y jurisdicción militar, sin gastos extras, siendo así más útiles aquí que en Afganistán o Líbano,
pues como tarden tanto como el juicio del “Prestige” vamos arreglados; creo que
quienes tengan el deber de hacer esta labor NO DEBÍAN COBRAR NI UN CÉNTIMO desde
este momento hasta que hubiesen terminado perfectamente
su trabajo sobre los temas citados.
Por ello,
utilizando la famosa frase del escritor francés Emile Zola cuando promovió una
campaña para rehabilitar al desgraciado militar Alfred Dreyfus (1859-1935),
acusado de espionaje en 1894 que, condenado por alta traición, debió esperar
hasta 1906 en que fué rehabilitado en cargo y rango, puedo decir; YO ACUSO al inútil Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que debe desaparecer, por
considerar ha obrado con una parcialidad manifiesta,
carente de sentido común, al ordenar liberar asesinos y no defender el derecho
a la vida que tenían sus víctimas, al vulnerar él mismo la Carta que, al
parecer, justifica su existencia, dejando
en muy mal lugar a la Justicia española que ha admitido con excesiva
rapidez su injusta decisión. INADMISIBLE.
Al llegar aquí debo
preguntar: ¿Con qué derecho, ni moral ni jurídico y mucho menos de sentido
común, el citado Tribunal ha tomado partido para decidir a favor de criminales
que, actuando con violencia, vulneraron y negaron a los demás el más elemental
de los Derechos Humanos: continuar su existencia
sin haber considerado que las víctimas tenían
ese derecho, pues eran unos inocentes, muchos desconocidos para sus asesinos,
que fueron víctimas de su deseo de implantar un ideal político en unos casos y
en otros por delitos de otra índole, personal o sexual, pero que como todo ser
humano tenían derecho a la vida que
estos asesinos truncaron. Esa decisión no tiene sentido de ninguna
clase y no debía haberse aceptado, toda vez que un fanático no tiene otra idea
que la suya y, por tanto, nunca podrá reinsertarse.
He examinado
someramente la citada Declaración de Derechos Humanos y no he encontrado por
ningún sitio una cosa tan elemental como “cuando
alguien viole algún derecho de otro perderá todos los suyos automáticamente”, cosa
lógica si se desea aplicar la protección de todos los Derechos que forman parte
de la misma. Ese texto debería formar
parte del ordenamiento jurídico de todas las naciones para evitar se produzcan
casos como el que nos ocupa y es causa de general oprobio e indignación.
Con las calles de
España plenas de asesinos, violadores, pederastas, ladrones, granujas,
sinvergüenzas, corruptos, gandules, vagos, drogadictos, incompetentes y grandes
parásitos, algunos hasta aforados, causa gran pena pensar el País que vamos a
dejar a los que nos sucedan.
Por todo lo expuesto SOLICITO que el Gobierno haga lo necesario para que España no tenga
obligación de acatar sentencias tan alejadas del sentido común y, además, en
total
contradicción con el Artículo 15 de nuestra Constitución: Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral... y con
el Artículo 3º de la Carta de los Derechos Humanos citado al principio cuando,
por la posible omisión de un requisito
legal, favorece y se pone de parte de los asesinos que la han vulnerado, con
total conocimiento, en diversas y probadas ocasiones, conforme se ha
establecido en múltiples causas incoadas por los Tribunales españoles, de cuya
justicia no habrá duda.
Y que, una vez fuera España de tan estrafalario e injusto Tribunal,
vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de tan irracional
decisión.
ES JUSTICIA QUE
ESPERA ALCANZAR
Veremos si el Sr. Ministro se entera y realiza algo de lo
antes reseñado, cuando hoy los medios de comunicación han informado que es
posible puedan percibir 400 Euros mensuales por parte del Estado los que han sido liberados. INCONCEBIBLE.
Murcia 22 de Noviembre de 2013 José María Vela Urrea
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