CAMBIOS NECESARIOS EN LA CONSTITUCIÓN

Lo que escribo a continuación no tiene matiz político ni revancha de ninguna clase; son unas sugerencias aplicando el sentido común, ideas que considero precisa España para salir de la situación actual y alcanzar la austeridad que necesita en los gastos, que pueden beneficiarnos en muchos aspectos, desde el momento en que el actual Gobierno, después de derogar la infinidad de disparates cometidos en época anterior, se dedique a la ardua tarea de poner en orden el destrozado País que ha heredado.

Partiendo de una somera lectura de la Carta Magna al estimar la plena vigencia del Artículo 1: LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO; del Articulo 3 que dice bien claro cual es la lengua oficial del Estado, el Artículo 14 :Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y el Art. 15 : “Todos tienen derecho...” lo cual no excluye ni deja fuera a NADIE en España, desde el Rey al último Peón municipal, pues TODOS cobran del Erario Público, y son totalmente iguales ante la Ley por lo cual ES CONVENIENTE MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN, pues, al ser todos iguales y con los mismos derechos y obligaciones no puedan existir diferencias entre unos y otros ni privilegios para NADIE, añadiendo “que cuando alguien viole algún derecho de otro, perderá todos los suyo automáticamente”, desde el máximo mandatario de la Nación hasta el último súbdito, eliminando así cuanto la contradiga.

Si esos Artículos básicos, el añadido anterior y lo que sigue NO se van a cumplir a rajatabla, y para que nadie se pueda llamar a engaño, deben ser SUPRIMIDOS TOTALMENTE, considerando que mientras haya lata habrá embudos, aunque SU MAJESTAD EL REY, en el pasado mensaje navideño, pregonara la IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES ANTE LA LEY.

ILEGALIZAR a los Partidos separatistas y a sus representaciones en el exterior, de la índole que sean, de acuerdo con el Título Preliminar de la Constitución y otros que sean del caso. Solo seguirán vigentes las representaciones diplomáticas del Estado español. Expulsar a quienes, en ámbitos gubernamentales, utilicen otra legua distinta a la oficial.

SUPRIMIR los aforamientos, por vulnerar la igualdad del Artículo 14. Quien cometa delito, sea quien sea, debe ser juzgado rápidamente por tribunales ordinarios.

Según el Art.56.3, la única persona que no está sujeta a responsabilidad es el Rey. Así que es preciso depurar responsabilidades de TODOS los actos cometidos durante el anterior Gobierno, y quien la haya hecho, que la pague, sin excepción de ninguna clase. No es aplicar retroactividad; es aplicar la Constitución.

SUPRIMIR el Consejo de Estado; el Senado, (con un gasto de 3.500 millones de Euros en un año), y el Tribunal Constitucional, que son totalmente innecesarios. También muchas Empresas públicas, Organismos y un elevado porcentaje de los 3.000.000 de PERSONAL del Estado, Autonomías y Ayuntamientos, (que son excesivos), sobre todo los que ingresaron a dedo, suprimiendo duplicidad de actuación con el Estado.

SUPRIMIR totalmente los “blindajes”, las asignaciones “vitalicias” que favorecen a unos cuantos, pertenezcan al Estado o empresa privada. La única pensión a percibir será la calculada sobre lo cotizado durante el tiempo trabajado, siendo preciso que TODOS los que han recibido cantidades por esos conceptos, desde la entrada en vigor de la Constitución, devuelvan lo cobrado que haya excedido, según el sistema de cálculo de pensiones de la Seguridad Social, por incumplimiento de Ley, sin ninguna excepción.

SUPRIMIR gran cantidad de Organismos, Organizaciones privadas y sus dirigentes o altos ejecutivos, con los enormes sueldos que se asignan, al cobrar en un año lo que un trabador no gana en toda su vida, impidiendo, además, progresar al País. También fiscalizar las grandes fortunas y los que se permiten gastos suntuarios, todos los cuales podrían vivir excelentemente, sacrificándose algo, con unos 50.000 € al año, privándose del resto “temporalmente” para levantar España.

REDUCIR la representación parlamentaria a tres Diputados por cada provincia; los Partidos que obtuviesen mayoría de votos, como propietarios de las Actas, designarían a sus mejores representantes, con oficina abierta en edificio público de su provincia para conocer dificultades o sugerencias y realizar un buen trabajo.

PROCEDE LA DISOLUCIÓN de los Gobiernos Autonómicos y las Diputaciones Provinciales, sin trasladar el persona innecesario a otros puestos, (que debe buscar trabajo) como ocurre muchas veces, con lo cual NO se reduce el gasto. Deben tener su liquidación con arreglo a lo tributado, pues el País no puede soportar la carga de tantos Gobiernos paralelos que, en muchos casos, no pueden resolver nada aunque les hayan transferido competencias, toda vez que las decisiones importantes conciernen al Gobierno de la Nación y dependen de sus Presupuestos generales.

Con un reducido departamento compuesto por un Presidente, personal competente y altamente cualificado, para relacionarse al más alto nivel con los Ministerios que sean necesarios, para controlar el funcionamiento de todos los servicios comunes que afecten a cada Provincia, extensivos a los Ayuntamientos, en la supervisión de cumplimientos, podrían suprimirse delegaciones de competencias junto con la simplificación de trámites administrativos para funcionar mejor, consiguiendo con ello una gran reducción en gastos ya que, en muchos casos, las autoridades periféricas solo sirven para oposiciones y reivindicaciones creando a veces leyes innecesarias y disparatadas. Los Presupuestos y las cuentas de los que subsistieran –incluidos Ayuntamientos- deberían ser controladas, obligatoriamente y llevadas al día, por el Tribunal de Cuentas para evitar lo que, al parecer ha sucedido en alguna Autonomía, al borrar datos en ordenadores u ocultar otros que después se han conocido. Estimar el viejo dicho de A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO, el cual debe aplicarse a TODOS, sin discriminación de sexo, tanto en la Administración del Estado como en la empresa privada, para ser iguales ante la ley, sin privilegios para NADIE.

TODOS los miembros del Ejecutivo, Judicatura, Administración Publica, Ejercito, Guardia Civil y Policía, (Comunidades Autónomas y Diputaciones a suprimir) así como los Ayuntamientos y cualquier otro que perciba sus haberes de las Arcas Públicas, desde el Rey hasta el último peón de un Ayuntamiento, tendrán fijados por Ley todos sus emolumentos en los Presupuestos Generales del Estado, relacionados por cargos, cantidad de ellos y sus percepciones, sin que NADIE pueda percibir nada más por ningún concepto, ni ocupar más de un cargo retribuido que, en tal caso, sería meramente honorífico, sin percepción ni beneficio de ninguna clase.

Dado su condición de empleados públicos ninguno de ellos puede reclamar el derecho de los trabajadores a declararse en huelga; tampoco un militar pues, al considerarla como insubordinación, le aplicarían el Código de Justicia Militar.

La jornada de trabajo y las vacaciones deben ser iguales, suprimiendo los tiempos para un bocado o fumar en el trabajo (prohibido por Ley), continua para TODOS, para conseguir una economía en transportes, electricidad y mejor vida familiar.

El régimen anterior obligó a cotizar al único sindicato: la C.N.S. En Democracia la sindicación y afiliación política es voluntaria y libre.(Artículos 6, 7 y 28) El Gobierno no podrá, efectuar donaciones de ninguna cuantía a NADIE en ningún caso, así como a las ONG y diversas organizaciones que no sean del Estado. NINGUNA PODRÁN PERCIBIR CANTIDAD ALGUNA PROVENIENTE DE FONDOS PÚBLICOS. Deben ser financiados por sus afiliados o sus benefactores, controlando su contabilidad de la forma más estricta el Tribunal de Cuentas, pues parte de los impuestos de los españoles no deben percibirlos los que no les representan ni benefician en nada.

CON TODO LO ANTERIOR SE REDUCEN GASTOS. Mientras haya en España tan alto número de parados NO PUEDE DESTINARSE NINGÚN DINERO PÚBLICO para atenciones a otros Países, salvo prestación humanitaria en caso de catástrofes.

El actual Gobierno fijó la fecha del 7 de Enero 2012 como plazo para que la patronal y los sindicatos presentaran sus conclusiones sobre la reforma laboral, y NO ha sido así, propiciando una ampliación de plazo donde, posiblemente, no llegarán a ningún acuerdo, pues con el anterior “desgobierno” tampoco se entendieron; así lo único que se consigue es incrementar el número de parados. El Gobierno debe LEGISLAR YA. Una mejora salarial sería volver al sistema de “puntos” para optimizar la economía familiar, con el debido control. También es precisa una reforma en la enseñanza para aprovechar mejor los tiempos lectivos y conseguir conocimientos prácticos superiores.

Los medios de comunicación han informado que el Reino de Marruecos ha expulsado de sus aguas a la flota pesquera que faenaba allí. Acabó el plazo del Tratado por el que se pagaban millones de Euros y, como primera providencia para una nueva negociación ha sido esa expulsión que amarra barcos y deja a muchos pescadores en el paro.

España puede actuar de forma incruenta traspasándole a ellos un problema que nos han creado, (con lo cual es posible disminuya el número de nuestros parados, al poder ocupar los puestos de trabajo que quedasen vacantes), expulsando a TODOS los marroquíes, trabajen o no, de los que hay unos 500.000 en Cataluña, Prohibir el paso de vehículos con marroquíes por nuestras carreteras, aunque vayan en tránsito, pues éstas han sido pagadas por los españoles.

NO ACEPTAR que dos Televisiones arábigas emitan aquí ya que, entre otras cosas, podrían levantar los ánimos de sus nacionales residentes en España para fomentar la reconquista de Al-Andalus.

En cuanto a los piratas del Índico, que han atacado a un barco de guerra español, hacer lo que siempre se hecho con ellos: hundirlos a cañonazos. Si algún Juez desea traslado de prisioneros aquí, debe ser complacido, corriendo todos los gastos de su cuenta, pues no hace falta “hospedar” delincuentes extranjeros. Ingresarlos en sus cárceles allí.

Murcia, 13 Enero de 2012 José María Vela Urrea.