CONSTITUCION Y “BLINDAJES”
El Artículo 14 de la vigente Constitución dice, de forma muy clara:
Igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Y al inicio del 15 puede leerse: “Todos tienen derecho...” lo cual no excluye o deja fuera a nadie en la España actual, desde el Rey al último barrendero municipal (pues todos perciben sus emolumentos del Erario Público) ya que, según lo anterior, son totalmente iguales en derechos y obligaciones.
Estimo que, con ambos textos queda fijado nítidamente un concepto: el de la igualdad que debe regir para todos los españoles dado que LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO Y DE ÉSTE ES EL DINERO.
El Estado debe marcar un límite del gasto para todos y llevar un estricto control, para no gastar NUNCA más de lo que se ingresa, pues su obligación es administrar bien lo recaudado para beneficio de la Nación, llevándolo al día y con una claridad meridiana para evitar derivaciones o escamoteos como hay actuales ya que, por parte del Ejecutivo se vulnera totalmente el derecho de todos los españoles, desde el momento que existen diferentes status según el cargo que se detente, por lo cual el Estado debe fijar, por Ley, cuales son los emolumentos totales, por todos conceptos, que pueden percibir todos y cada uno de los que dependen del Erario Público: Gobierno, Cuerpo Diplomático, Judicatura, Parlamento, Fuerzas Armadas, Funcionarios, Ayuntamientos, etc. así como el de entidades privadas, tales como los altos cargos de la Banca, Cajas y Sociedades.
Todos deben cotizar a la Seguridad Social por la totalidad de sus ingresos para tener derecho a percibir la pensión que, por años de cotización e importes le pueda corresponder, al cumplir la edad reglamentaria.
La existencia de “blindajes”, las asignaciones “vitalicias” y otras variaciones que solo favorecen a unos cuantos es lo que propicia esa vulneración y desigualdad, por lo que deben suprimirse totalmente todos los existentes, del tipo que sean, que favorezcan a cualquier miembro de los citados, de la condición que sea, y también a cualquier otro de estamento privado, del tipo que sea, para que no perciban otra cantidad por ningún concepto o procedencia.
Para obtener ese resultado hace falta la promulgación de una Ley que, con efecto retroactivo al inicio de la Transición, pueda evitar la continuidad de todo eso.
Es totalmente independiente que, con total libertad, cualquiera puede hacer con un dinero
legalmente ganado lo que estime más conveniente: suscribir seguros vitalicios, planes de pensiones, inversión de capital conforme más le interese o cualquier otra cosa, servicios médicos adicionales, así como que sus hijos asistan a colegios de elite o a los del Estado, etc.
El Artículo 14 de la vigente Constitución dice, de forma muy clara:
Igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Y al inicio del 15 puede leerse: “Todos tienen derecho...” lo cual no excluye o deja fuera a nadie en la España actual, desde el Rey al último barrendero municipal (pues todos perciben sus emolumentos del Erario Público) ya que, según lo anterior, son totalmente iguales en derechos y obligaciones.
Estimo que, con ambos textos queda fijado nítidamente un concepto: el de la igualdad que debe regir para todos los españoles dado que LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO Y DE ÉSTE ES EL DINERO.
El Estado debe marcar un límite del gasto para todos y llevar un estricto control, para no gastar NUNCA más de lo que se ingresa, pues su obligación es administrar bien lo recaudado para beneficio de la Nación, llevándolo al día y con una claridad meridiana para evitar derivaciones o escamoteos como hay actuales ya que, por parte del Ejecutivo se vulnera totalmente el derecho de todos los españoles, desde el momento que existen diferentes status según el cargo que se detente, por lo cual el Estado debe fijar, por Ley, cuales son los emolumentos totales, por todos conceptos, que pueden percibir todos y cada uno de los que dependen del Erario Público: Gobierno, Cuerpo Diplomático, Judicatura, Parlamento, Fuerzas Armadas, Funcionarios, Ayuntamientos, etc. así como el de entidades privadas, tales como los altos cargos de la Banca, Cajas y Sociedades.
Todos deben cotizar a la Seguridad Social por la totalidad de sus ingresos para tener derecho a percibir la pensión que, por años de cotización e importes le pueda corresponder, al cumplir la edad reglamentaria.
La existencia de “blindajes”, las asignaciones “vitalicias” y otras variaciones que solo favorecen a unos cuantos es lo que propicia esa vulneración y desigualdad, por lo que deben suprimirse totalmente todos los existentes, del tipo que sean, que favorezcan a cualquier miembro de los citados, de la condición que sea, y también a cualquier otro de estamento privado, del tipo que sea, para que no perciban otra cantidad por ningún concepto o procedencia.
Para obtener ese resultado hace falta la promulgación de una Ley que, con efecto retroactivo al inicio de la Transición, pueda evitar la continuidad de todo eso.
Es totalmente independiente que, con total libertad, cualquiera puede hacer con un dinero
legalmente ganado lo que estime más conveniente: suscribir seguros vitalicios, planes de pensiones, inversión de capital conforme más le interese o cualquier otra cosa, servicios médicos adicionales, así como que sus hijos asistan a colegios de elite o a los del Estado, etc.
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