2016-08-29 EL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION
Dice : “Los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social-“
Puede verse bien claramente que quienes
redactaron la Carta Magna, a los que supongo tenían conocimiento de lo que
escribían, “olvidaron” incluir al inicio del mismo la palabra “TODOS”, siendo cierto que la conocían
cuando la incluyeron al comienzo del Art. 15 :
“Todos tienen derecho...” lo
cual no excluye ni deja fuera a NADIE
, tal y conforme figuraba en el Artículo
2 de la Constitución de la IIª República de 1931 que decía “Todos los
españoles son iguales ante la ley” y en los de diversas naciones.
Los que la escribieron “lo olvidaron” y “no lo
vieron” después todos los miembros de las Cortes en sesión plenaria
del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas en 31 de Octubre de 1978,
que las aprobaron, toda vez que si incluían dicha palabra perderían ellos los aforamientos
y privilegios que figuran en el Art.71
y algún otro lo cual confirma, tras su lectura, la
desigualdad que existe entre TODOS LOS ESPAÑOLES , por lo que es necesaria una modificación de muchas
cosas en el Texto Legal para que fije “TODOS LOS ESPAÑOLES SON IGUALES ANTE LA
LEY”, pues así no se puede aplicar el concepto de “A igual
trabajo, igual salario” ni a estimar diferencias según sexo, ni muchos otros..
Se hacen demasiadas encuestas sobre muy variados
temas, empleando tiempo y dinero, pero
que yo sepa no se ha hecho nunca una sobre los emolumentos que perciben de los
caudales públicos muchas personas cuando, por razón de economía en las circunstancias actuales,
estimo debería realizarse una, clasificando esas percepciones -igualitarias
para el territorio nacional- según cargos y trabajos, fijando 5.000 €, durante
doce meses, máximo en relación con las
percepciones comparativas del resto de los españoles, reduciendo la existencia
de su número a lo estrictamente necesario
para un buen funcionamiento del País y admitiendo la dimisión -no la
excedencia- de los que considerasen eran mejor pagados en empleos particulares
que ocupando un cargo en la Administración , de la clase y tipo que fuese, al
tener fijados por Ley la totalidad de sus ingresos, cotizando a la Seguridad Social y en su declaración de Renta, para que
todos fuésemos iguales ante la Ley, no pudiendo existir diferencias
entre unos y otros ni privilegios para NADIE. Solo quienes ocupasen los cargos
de Jefe de Estado y de Gobierno, que tienen cubiertos los gastos que originan
sus residencias oficiales, serían los únicos a percibir una prudente cantidad
superior mensual.
Quienes ocupasen cargo público utilizarían en sus
desplazamientos avión en clase turista, los isleños, y autobús o ferrocarril
clase segunda los de la Península, así como tranvía, metro, autobús, o taxis en
viajes locales, utilizando hoteles y restaurantes de tres estrellas como máximo,
debiendo entregar todos los justificantes de dichas gastos para que la
Administración los abonase seguidamente en su cuenta bancaria.
Los Diputados tendrían oficina abierta, en
edificio público dentro de su circunscripción, para atender al Pueblo en los
días laborales en que estuviesen en su territorio. Así estarían más cerca de
sus electores y conocerían directamente sus dificultades o sugerencias para
realizar un mejor trabajo.
Esas, en lo tocante a realizar una disminución
del gasto, junto con la eliminación de un elevado uso de coches oficiales, y
puesto que dicen que estamos en “una Democracia” serían algunas de las cosas
que hay que variar -aparte de trabajar
y que sugerencias, ideas o proyectos para mejorar al País no duerman años en un
cajón- son algunos de los motivos que obligan a MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN, añadiendo entre otras la inclusión de un
Artículo que especifique bien claro “que
cuando alguien viole algún derecho de
otro, perderá todos los suyo automáticamente”.
Actuando así es como puede que comiencen a mejorar
algunas cosas en este País, activando unas igualdades de las que se carece, las
cuales propician otros delitos execrables que deben eliminarse totalmente.
Creo que lo contrario sería caminar hacia una
anarquía y eso no es forma de progreso para el País, si no de que España no tenga arreglo.
Murcia, 29 de Agosto de 2016 José María Vela Urrea
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